Tras la elaboración de un análisis técnico y valorando las consecuencias que a futuro va a tener la Orden de Incendios en los asociados, Asaja-Cádiz-Cádiz se plantea la revocación completa de la Orden. Tras un estudio pormenorizado de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la prevención de los incendios forestales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la asociación ha detectado varios puntos que atentan contra los intereses de los gestores de monte y que los desincentivan para su solicitud.
En un momento del año especialmente complicado como es el verano para la aparición de incendios forestales, Asaja-Cádiz no entiende como la Consejería de Medio Ambiente saca una Orden de Incendios que perjudica a los propietarios que son al fin y al cabo los que se están encargando con su esfuerzo de mantener el monte limpio a pesar de no contar desde 2012 con las Ayudas Forestales, repetidamente anunciadas pero no publicadas.
Los puntos más lesivos de la Orden detectados por los técnicos aunque existen más, son los que a continuación expone la asociación:
Asaja-Cádiz denuncia que la eliminación de este punto se ha hecho de repente y sin posibilidad de consulta o alegación, porque aparecía específicamente en el borrador y a la hora de sacar la Orden se ha eliminado por completo. El texto eliminado y que aparecía en el borrador es el siguiente:
“Se consideran gastos subvencionables los costes directamente imputables a los conceptos subvencionables recogidos en el apartado 2 de este Cuadro Resumen, abarcando los costes derivados de la contratación de empresas y de la contratación de personal, todos ellos en los términos previstos en el apartado 26f)1º del Cuadro Resumen”.
La eliminación de este punto obliga al propietario a externalizar sí o sí las labores, lo que supone un incremento de coste y redundará en la pérdida de empleo en las explotaciones y una merma en la generación de empleo nuevo. Asimismo, Asaja-Cádiz siempre ha defendido que los años avalan la buena gestión de los propietarios y que ellos son profesionales y los que mejor conocen sus fincas y, por tanto, los que han de ejecutar las labores.
Asaja-Cádiz desconoce el baremo o tablas que se han utilizado en esta Orden para valorar los trabajos y considera que están muy por debajo del coste habitual. A la asociación le parece llamativo que en la ocasiones en las que es la Administración la que licita utilice las tarifas altas, y en esta ocasión que es la que paga, las tarifas sean bajas y fuera de mercado.
-El tope máximo de 60.000 €, para una finca privada es complicado llegar, en cambio en el monte público sí.
-El aumento del coste burocrático y los tiempos de espera, por tanto de financiación, es fácil de asumir por una entidad pública y complicado para un particular.